Tras el triunfo de Morena en las elecciones, tanto para la presidencia como en el Senado y diputaciones, podrán llevar a cabo el Plan C, el cual fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde realizarán una Reforma Político-Electoral y una Judicial.
De acuerdo con los datos preliminares, Morena alcanzó en la Cámara Baja la mayoría calificada que requieren por sí solos para modificar la Constitución, mientras que en el Senado están en la antesala de alcanzar este umbral.
Esto debido a que en la Cámara de Diputados, Morena obtendría entre 233 y 251 diputaciones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre 67 y 77 diputaciones y el Partido del Trabajo PT entre entre 46 y 52 diputaciones, alcanzando entre 346 y 380 curules en la Cámara Baja con lo cual sí tendría la mayoría calificada que se obtiene a partir de 334 diputados, de acuerdo con el Conteo Rápido.
En tanto en el Senado señalan que Morena alcanzó entre 57 y 60 senadurías; el Partido Verde entre 10 y 15 senadurías y el Partido del Trabajo entre 9 y 13 legisladores. El oficialismo tendría así entre 76 y 88 escaños, es decir estas cifras señalan que aún no tiene asegurada la mayoría calificada que en esta Cámara es de 86 legisladores. Esta mañana, el Gobierno de México dio a conocer, con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en San Lázaro Morena y sus aliados tendrán 365 curules y en la Cámara Alta prevén 82 escaños, con el 70 por ciento de las actas escrutadas.
Con la Mayoría Calificada en la Cámara de Diputados y la posibilidad de obtenerla también en el Senado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo han anunciado su intención de modificar la Constitución para implementar el Plan C. Este plan contempla una Reforma Político-Electoral y una Reforma Judicial, con el objetivo de que los Consejeros y magistrados electorales, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos mediante voto popular.
El Plan C surge como respuesta a la negativa de la oposición a discutir en el Congreso una Reforma Político-Electoral y a la declaración de inconstitucionalidad del Plan B por parte del Poder Judicial. El Plan B consistía en un conjunto de reformas legales para modificar el sistema electoral.
El paquete de reformas abarca diversos aspectos. En el ámbito electoral, se propone la eliminación de los diputados y senadores plurinominales (legisladores que llegan al Congreso sin ser votados), la reducción del porcentaje para que una consulta popular sea vinculante y la elección de los consejeros y magistrados electorales por medio del voto popular. La misma medida se propone para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en otra reforma del ramo.
Por otro lado, la reforma sobre los organismos autónomos establece la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Con información de Obed Rosas | SIN EMBARGO