Esta semana se cumplen ocho años de que 43 estudiantes de la normal rural ’Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron desaparecidos en una acción que pese a la investigación para aclarar los hechos por el anterior gobierno federal, mediante la llamada ’Verdad Histórica’, esa versión no fue admitida ni por la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ni mucho menos por los familiares de esos alumnos ni por sus compañeros de plantel.
Según esa versión, ’Guerreros Unidos confundieron a los normalistas con integrantes de un grupo rival, y José Luis Abarca, alcalde de Iguala, creyó que ellos acudirían a boicotear un evento público encabezado por su esposa, en ese momento presidenta del DIF municipal.
Por ello el político ordenó la detención de los estudiantes quienes, aparentemente, fueron capturados por los policías municipales y ellos, a su vez, los entregaron a miembros del crimen organizado quienea, a su vez, los asesinaron y quemaran sus cuerpos y arrojaron sus cenizas a un río.
Sin embargo, los familiares nunca aceptaron esa historia y. con el cambio de régimen, el presidente López Obrador se comprometió a aclarar el destino final de los normalistas para entregar sus restos o definir finalmente dónde quedaron.
Así encargó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, encabezar la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, y al rendir las conclusiones de cuatro años de trabajo, dijo que la desaparición de los 43 normalistas ’fue un crimen de Estado’, donde participaron agentes de diversas instituciones del gobierno mexicano.
Consideró que las autoridades ’fueron omisas y negligentes’, además ’alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos’, por lo cual consideró necesaria la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y del general José Rodríguez Pérez, en ese entonces coronel y responsable del 27° Batallón de Infantería de Iguala, y a otros tres militares más.
A excepción de las nuevas acusaciones y detenciones, no hay gran diferencia con la ’Verdad Histórica’, motivo por el cual familiares y compañeros de los desaparecidos no quedaron conformes y, por el contrario, al acercarse el aniversario de la desaparición de los estudiantes han escalado con la violencia durante sus protestas.
Tras vandalizar instalaciones militares en Chilpancingo e Iguala; se trasladaron a la Ciudad de México donde atacaron la embajada de Israel, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las oficinas de la Fiscalía General de la República y la zona de entrada al Campo Militar Número Uno.
En cada situación, la orden a policías y militares fue de resistir sin responder a las agresiones, lo cual fue aprovechado por encapuchados para pintarrajear los inmuebles y causar los mayores destrozos materiales posibles, incluso lanzaron petardos y bombas molotov, por lo cual poco más de medio centenar de policías resultaron con diversas lesiones.
En su conferencia del viernes, López Obrador descalificó los ataques a la FGR; dijo que se busca desacreditar a su gobierno y enrarecer la situación, sin descartar que esté involucrado el ’conservadurismo’ y reiteró: ’Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo’. Insistió que no son iguales: ’Nosotros no vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras’.
Si bien las protestas inician y se efectúan pacíficamente y después de que los padres de los normalistas se retiran, entonces aparecen jóvenes encapuchados, los generadores de los actos violentos para pintarrajear, romper ventanas, destrozar puertas y accesos. En el caso del Campo Militar Número, se necesitó lanzar chorros de agua desde camiones para dispersar a los agresores y hacer que se retiraran, pero sin conocer si hubo heridos entre ellos.
El problema es que los manifestantes, normalistas y familiares, además de demandar la aparición con vida de los desaparecidos exigen justicia, pero ellos son los primeros en cometer ilícitos sin admitirlo, con hechos que van desde el secuestro de autobuses, bloqueos carreteros, toma de casetas de peaje en autopistas, hasta vandalizar edificios, entre otros hechos.
Una situación especialmente grave fue el ataque a la embajada de Israel, ya que en términos legales fue una invasión a su territorio, lo que podría generar conflictos diplomáticos.
Otro problema es que sus agresiones son cada vez más violentas y a pesar de la orden a los elementos policiacos y militares de resistir sin responder, existe el riesgo de que, accidentalmente o por el momento, algún normalista, encapuchado o manifestante resulte herido o hasta muerto, entonces será otro motivo de inconformidad y de más protestas.
Desafortunadamente, llegará un momento en que sea la ’verdad histórica’ o una nueva versión, nunca quedarán satisfechos los inconformes, solamente buscarán se aplique la justicia como a ellos les convenga, no como lo dictan las leyes. Entonces resultará difícil anticipar qué sucederá con todo este conflicto y cuál será su resolución definitiva.